El drama de los indocumentados no es algo lejano, ni de inmigrantes ilegales. En el país hay cientos de miles de personas que nunca fueron inscriptas. No tienen DNI, no “existen” para el Estado y pierden derechos básicos. El Gobierno y distintas ONG trabajan en conjunto para lograr #IndocumentadxsCERO, una propuesta ideada por la Fundación Microjusticia.
Texto: Mónica fernández · Ilustración: Aldo Tonelli
¿Hay algo peor que no poder cubrir las necesidades básicas de alimentación y salud? ¿Algo peor que no poder proteger a nuestros hijos? Sí, ser, estar, pero no existir legalmente ante los ojos del Estado. Ser invisible. Ser indocumentado.
Ésa es la situación en la que están actualmente al menos unos ciento sesenta y ocho mil chicos menores de diecisiete años que viven sin DNI porque nunca fueron registrados formalmente; no los inscribieron al nacer. El dato corresponde al resultado de un informe elaborado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA), que depende de la Universidad Católica Argentina (UCA), en alianza con el Instituto Abierto para el Desarrollo y Estudio de Políticas Públicas (IADEPP). Si se considera el total de la población y no sólo a los menores, esa cifra aumenta seguramente, aunque no hay registros.
“Ser una persona indocumentada implica no acceder a la mayoría de los derechos que tienen los ciudadanos de la República Argentina”, explican en la Fundación Microjusticia, que lanzó la iniciativa #IndocumentadxsCERO, a la que se sumaron IADEPP (Desarrollo y Estudio de Políticas Públicas) y la Asociación El Trapito.
Estas tres organizaciones desarrollan desde hace años acciones para resolver este flagelo que afecta a al menos al 1% de los argentinos, que jamás fueron inscriptos. “Se trata de personas que nunca tuvieron un DNI, ciudadanos invisibles para el Estado”, describen.
La peor deuda
“Cuando se habla sobre población indocumentada, habitualmente se asocia la temática a la migración internacional informal y a la condición de aquellos que se encuentran viviendo en el territorio nacional sin una identidad certificada en nuestro país. Sin embargo, en este caso se trata de una población que, en su lugar de origen, cuenta con una documentación que lo acredita, lo que disminuye la gravedad del problema”, arranca la evaluación del problema por parte del Observatorio de la Deuda Social. “La otra cara de la cuestión está representada por aquellas personas que nacieron en territorio argentino y nunca fueron registradas o inscriptas al nacer en los registros civiles provinciales correspondientes, por lo que carecen de todo tipo de identidad legal. La ausencia de un DNI vulnera el derecho a la identidad de las personas, y al darse esta situación, otros derechos también se ven afectados”.
Quienes no tienen documento no pueden ser inscriptos en la escuela, ni tener obra social (son excluidos de la de sus padres si ellos tuvieran el beneficio), no pueden acceder a un trabajo formal en blanco, no pueden votar y, obviamente, tampoco pueden recibir la asistencia social del Estado porque no existen. Para ellos no hay planes sociales ni Asignación Universal por Hijo. Nada de nada.
“Los indocumentados deben llevar a cabo su vida laboral en el subempleo y la marginalidad, tienen problemas a la hora de ingresar en los sistemas de salud pública y su libre circulación por el país se ve en peligro, entre muchas otras desventajas”, enumera Jorge Álvarez, presidente del IADEPP.
Tampoco entran en las estadísticas porque “no existen”. Sobre ellos no hablan los índices de pobreza, ni los de analfabetismo, ni los de desnutrición. De eso no se habla… o se habla poco.
La situación más crítica, o de mayor porcentaje de indocumentados, la registran los niños y niñas de entre cero y cuatro años: el 2,3% no tiene documento según el relevamiento del Observatorio de la Deuda Social; mientras que dicha situación afecta al 1% promedio de los niños y niñas de entre cinco y diecisiete años. La problemática se intensifica cuanto más precarias son las condiciones socio ambientales. Se destaca que los chicos que viven en asentamientos o villas de emergencia tienen una mayor probabilidad de no tener DNI que los que residen en zonas con una urbanización formal (2,2% contra 1%, respectivamente). Los que nacen en familias muy numerosas también están en desventaja.
Hacerse cargo
Claramente, ser indocumentado no hace más que multiplicar los problemas para un grupo social que ya de por sí está en una situación vulnerable. Ayudarlos a salir lo más rápidamente posible de esa situación, agilizando los procedimientos y dando asistencia legal a quienes no tienen DNI, es el objetivo de #IndocumentadxsCERO, la iniciativa propuesta por la Fundación Microjusticia, que persigue el mismo objetivo.
“La ausencia de un documento de identidad implica ser invisible para los registros estatales, situación que genera exclusión, profundizando y perpetuando las condiciones de pobreza y precariedad. La falta de garantía de este derecho relega a aquellos niños y niñas no registrados a un ámbito de discriminación y desventaja con respecto del resto de la sociedad”, advierte el documento que hace ya cuatro años dio a conocer el ODSA. Desde ese momento a la fecha, la situación no ha mejorado según las organizaciones que siguen el tema de cerca, pero al menos sí se colocó como prioritario sobre la mesa de debate.
En los meses de mayo y junio se llevaron a cabo mesas de diálogo en la Cámara de Diputados de la Nación para avanzar en el diseño de un programa nacional que busca llevar a cero el número de indocumentados. El propio ministro del interior, Rogelio Frigerio, dijo a principios de este año que “lograr Indocumentados Cero” es uno de los objetivos de su gestión.
Entre los puntos que están en debate figura “establecer protocolos de acción concreta que den por resultado la facilitación, gratuidad y celeridad en el proceso de documentación de cualquier argentino que carezca de su DNI”, explican en Fundación Microjusticia, que está integrada por un equipo de abogados jóvenes movidos por el deseo de ayudar desde su profesión a que más argentinos salgan de la exclusión en la que están insertos.
“Decidimos actuar desde nuestra profesión aportando soluciones a la vulnerabilidad social y jurídica. Brindamos asistencia, capacitación y empoderamiento legal a las personas. La regularización jurídica es un camino gradual”, dicen a modo de presentación.
Ésta no es la primera vez que se intenta, desde el Estado, allanar el camino para que cientos de personas puedan regularizar su situación, tramitar su DNI y gozar, así, de plenos derechos como el resto de los ciudadanos. Desde el regreso de la democracia en 1983, se sancionaron distintas leyes de amnistía y regímenes de excepción para inscribir niños de hasta doce años sin más trámite que presentarse en el registro civil que corresponda al domicilio de nacimiento. Sin embargo, superada esa edad, es un juez el que debe autorizar la inscripción. Requiere la intervención de un abogado y debe iniciarse ante la justicia civil (Tribunales de Familia) competente. En estos casos, especialmente, es de invalorable ayuda la intervención de las ONG.
La falta de documentación y registro de las personas no es una problemática exclusiva de la Argentina. Está extendida por el mundo y afecta especialmente a los países en vías de desarrollo como los latinoamericanos. Las estimaciones del Fondo de Naciones Unidas para la Niñez muestran que en América Latina y el Caribe, el 14% de los nacimientos no se registraba en el año 2000. En los últimos años, y esta vez según las estimaciones de UNICEF, hubo una mejora, aunque aún prevalece un 10% de nacimientos de niños y niñas menores de cinco años que no son registrados. Esto supone que no se inscriben oficialmente casi un millón trescientos mil nacimientos al año, habiendo en total seis millones quinientos mil niños y niñas en la región sin certificado de nacimiento.
Fundación Microjusticia
Microjusticia Argentina es una fundación que forma parte de una red de cooperación internacional llamada Microjustice4All, con organizaciones miembro en Perú, Bolivia, Serbia, Holanda, Uganda, Ruanda y Kenya.
Llegó a la Argentina en 2010, con el apoyo de Patricia Van Nispen, la iniciadora de Microjustice4All, y de FIE Gran Poder. Fue un grupo de estudiantes de abogacía el que apostó a replicar la experiencia modelo e inició su proyecto piloto los sábados en Ingeniero Budge (La Salada, Lomas de Zamora). Los fundadores fueron los jóvenes abogados María Bercetche, Delfina Beguerie, Juan Segundo Bellocq y Tomás Vassolo. Al equipo se fueron sumando voluntarios.
El fin principal de Microjusticia es el acceso a la documentación. La fundación impulsó la iniciativa #IndocumentadxsCERO, a la que se sumaron el Instituto Abierto para el Desarrollo y Estudio de Políticas Públicas (IADEPP) y la Asociación El Trapito. La misma apunta a resolver el problema que tienen aquellos argentinos que jamás fueron inscriptos al nacer, y que carecen de DNI. En mayo de 2016, reclamaron en una Mesa de Diálogo en el Congreso un cambio legislativo que modifique el régimen de inscripción para indocumentados.
¿Querés saber cuáles son las consecuencias de no tener DNI?
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